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10 de febrero del 2012
Querido pueblo de Dios en la Diócesis de Stockton,
El viernes 20 de enero de 2012, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos decretó prácticamente que todo plan de salud privado deberá incluir anticonceptivos, incluyendo fármacos para inducir el aborto y la esterilización. El dictamen concede una “exención religiosa” en un sentido muy limitado, a grupos religiosos sólo si sirven a personas de la misma creencia, y en un contexto muy restringido como una parroquia y el emplear a personas de su misma fe. Sin embargo, la Iglesia Católica en sus servicios sociales y servicios de asistencia médica, llega a todos que los necesitados. En efecto, el dictamen de Departamento de Salud y Servicios Humanos pretende definir cómo es que la Iglesia Católica o cualquier institución religiosa, debe llevar a cabo su ministerio como expresión de su fe. Esencialmente está diciendo que la libertad de religión se refiere sólo a la libertad de culto y enseñanza religiosa, pero no a la práctica de la fe religiosa en las instituciones de beneficencia, sociales y de salud de la Iglesia. Algunos han señalado la ironía que bajo esta definición los milagros de Jesús y el cuidado a quienes lo rodeaban no calificarían como religiosos.
Este dictamen representa una alarmante intrusión del Gobierno en los asuntos de la Iglesia Católica y otras comunidades de fe. Esta ley nos obligará a nosotros a pagar y proporcionar en nuestra cobertura de seguro médico lo que la Iglesia enseña que es moralmente malo y es una violación de la doctrina Católica. Esta ley, si no se cambia, pondría a la Iglesia en la posición insostenible de estar obligada a violar sus creencias cuando proporciona el seguro de salud que necesitan sus empleados.
Las condiciones de la nueva ley son inconstitucionales y violan la Primera Enmienda porque el Gobierno está extralimitando su poder de legislar cuáles ministerios de la Iglesia serán exentos y cuáles no lo serán. Está fuera de la facultad del Gobierno el definir la religión de manera alguna. También establece una prueba religiosa para ver si nuestros ministerios están sirviendo a Católicos o a no Católicos.
Si el Gobierno puede entrometerse en el funcionamiento de la Iglesia Católica puede entremeterse en cualquier organización religiosa sobre asuntos internos de la organización religiosa.
La Administración considera este mandato como final. Nos han dado hasta el 1º. de agosto de 2013 para cumplir con esta ley.¿QUÉ PODEMOS HACER?
Debemos investigar, explorar y mover todas las opciones a nuestro alcance para derogar o revocar este injusto mandato mediante la persuasión, mediación, litigio y otros medios para proteger la libertad religiosa para todos. Sobre todo debemos convencer al Congreso de la necesidad de medidas legislativas para acabar con esta injusticia. Usted puede hacer su parte poniéndose en contacto con los legisladores federales para comenzar este proceso esencial.
Les pido que se mantengan informados visitando www.usccb.org/conscience. Les pido orar para que prevalezcan la sabiduría y la justicia en nuestra nación- “una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos”.
Atentamente en Cristo,
Exmo. Señor Stephen E. Blaire Obispo de Stockton